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Violencia contra periodistas en México: asesinatos, silencio e impunidad

OPINIÓN | México se ha vuelto un país inseguro para ejercer la actividad periodística. En lo que va de año ya son ocho los periodistas asesinados por informar, sobre todo de las actuaciones negligentes. Principalmente de las autoridades locales y los “chanchullos” con las mafias y cárteles de la droga. Estos, son los principales ejecutores de esta violencia contra periodistas en el país.  Desde el año 2000, se han contabilizado 147 periodistas asesinados y el 99% de las agresiones quedan impunes y sin esclarecer. Cada 12 horas, en México se agrede a un periodista, un dato escalofriante y que nos habla de la gravedad de estos hechos. La violencia en México no para de crecer, a parte de la precariedad e insuficientes condiciones que sufren los periodistas, la censura y amenazas por contar la verdad se multiplican año a año.

Desde las autoridades, se creó el Mecanismo de Protección a Periodistas para evitar estos hechos violentos. Pero las medidas no han sido eficaces. Y no solo no ha reducido los ataques, sino que, está siendo el año con mayor promedio de asesinatos en la ultima década. Según el organismo Campaña Emblema de Prensa (PEC), México ha superado a Afganistán como país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, ya en 2021.

Caso del diario Monitor Michoacán

El último caso de violencia contra periodistas en México fue el de Armando Linares. Armando era director del diario mexicano Monitor Michoacán de la ciudad de Zitácuaro, en el Estado de Michoacán. Es paradójico que semanas antes, Roberto Toledo, reportero del mismo diario fuese asesinado a tiros en la cochera de su despacho. Por tres encapuchados también. “Exhibir corrupciones de gobiernos, de funcionarios y de políticos, nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros” decía Linares tras la muerte de Toledo en un video donde explicaba su intención y la del equipo de “seguir denunciando corrupciones hasta que la vida nos vaya en ello”.

Uno de esos casos fue la denuncia que Roberto hizo al Fiscal del Estado, Adrián López Solís, por amedrentamiento y corrupción, por la que recibió amenazas posteriores. “Nosotros ya teníamos una denuncia en la Fiscalía del Estado por ataques a la libertad de expresión. El director recibió amenazas de que ya no se criticara a la Fiscalía ni al Gobierno municipal. Habíamos afectado intereses privados como los de las constructoras que desviaron miles de millones de pesos” dijo Joel Vera, amigo de Roberto, tras su muerte. Las autoridades gubernamentales señalaron que Roberto no era periodista, sino que trabajaba en un despacho de abogados, cosa que es cierta, pero qué, como veremos después, es una estrategia utilizada en más ocasiones.

Lourdes Maldonado, se repite la historia

Otro caso, ocurrido el 23 de enero de este año, fue el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, con un tiro en la cabeza mientras se disponía a arrancar el coche de su casa, en la ciudad de Tijuana (Baja California). Otros tres encapuchados, que, según diversas fuentes, recibieron 3.400 dólares por el trabajo, no dudaron de ajusticiar a la mujer y huir en un taxi. Esta mujer, al igual que Armando, acaba de lamentar la muerte de un colega de profesión en Tijuana hacia menos de una semana, y hace unos años, ya advirtió al presidente López Obrador de que temía por su vida:

Lourdes Maldonado avisando al presidente López-Obrador sobre el peligro que corre su vida

Da la casualidad, que esa misma semana Lourdes ganó un juicio contra su antigua empresa, Primer Sistema de Noticias (PSN), por impagos y despido injustificado. Y la cuestión principal. ¿Quién era dueño del medio?… el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, al que la justicia le embargó todos los bienes de su empresa. “Los datos de prueba obtenidos hasta este momento indican que se trata de una razón que tenga que ver con su actividad periodística». Esto dijo el Fiscal de Baja California sobre el asesinato de Lourdes.

Muchas coincidencias y paralelismo en los dos casos. Asesinatos similares a periodistas que recientemente habían afectado intereses de gente en el poder con sus informaciones o sus acciones. Y reacciones del Ejecutivo desvinculando los hechos con la actividad periodística que desarrollaban. La violencia contra periodistas en México toma una forma parecida de actuación, tanto de los que asesinan, como de los que callan o no ponen freno.

Vigilancia desde el poder

Desde hace tiempo los propios periodistas mexicanos saben que son observados desde ciertos sectores de la autoridad o el poder. Ya en los años 90, en el Estado de Veracruz, se hizo un red de informantes para seguir de cerca a activistas, periodistas y opositores. Pero el auge de las tecnologías ha permitido que esa vigilancia sea más intensa y privada.

Jorge Carrasco, periodista mexicano, se encontraba analizando los Papeles de Panamá para la revista Proceso. Entre tanto, descubre información sobre clientes mexicanos que tiene el bufet panameño Mossack Fonseca. Por esas fechas, recibe un mensaje al móvil de un contacto desconocido, que no responde a los mensajes de Jorge nunca más. En este caso, se descubrió que había sido infectado por el software Pegasus. Pegasus es un programa informático espía, que se inserta en los teléfonos móviles mediante un mensaje de WhatsApp, y es capaz de acceder a todos los datos que haya en él. Es un software fantasma y accede tanto a mensajes de texto, como a cifras bancarias, activa la cámara, el micrófono, etc.

México ha importado este tipo de tecnología en reiteradas ocasiones, normalmente de origen israelí, según investigaciones de la DEA. Especialmente la empresa NSO, propietaria de Pegasus, es bien considerada entre las administraciones mexicanas. Realizaron pruebas con la Secretaría de la Defensa Nacional, y 2014 accedieron al mercado firmando un contrato de 32 millones de dólares con el procurador general del país. Los mexicanos consideran a los israelís como «avanzados en tecnología y adiestramiento civil y militar» según la consultora y analista en seguridad nacional, Paloma Mendoza. En 2017, organizaciones de activistas mexicanos publicaron el informe Gobierno Espía, y concluyeron que los programas de NSO había sido utilizados en más de 80 ocasiones contra periodistas y activistas entre el año 2015 y 2016. Según Citizen Lab, México cuenta con 25 casos de espionaje a personas con este software, siendo así el primer país del mundo en este ranking.

¿Por qué no se han tomado medidas eficaces?

La cuestión es por qué no se han tomado medidas para detener esta violencia contra periodistas en México que atentan contra la libertad de expresión y la vida. Al menos medidas eficaces. La respuesta son los intereses de ciertas autoridades, como policías, F.A, fiscales o ejecutivos locales, muchas veces cercanos al narcotráfico y las organizaciones criminales, dada su importancia en estos países. “Podemos vernos transgredidos por la Policía o políticos. No solo son las bandas criminales. «No es solo un actor que nos violenta, son muchos actores y están coludidos, la orden de matar la puede dar un político o criminal” dice Vania Pigeonutt, periodista del Estado de Guerrero.

Los cárteles de la droga tienen mucho poder y dinero en México, que se usa muchas veces para comprar voluntades o conseguir favores, nada nuevo. La corrupción en estos países con alta precariedad es muy frecuente. Hasta el que tiene que legislar o proteger a los ciudadanos puede convertirse en el principal hostigador del que quiere contar la verdad. Y la verdad, muchas veces, se paga con la vida. Esto dice Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), sobre el silencio de las autoridades políticas y el continuo cuestionamiento de la actividad periodística crítica con la corrupción y el narcotráfico.

Jorge Bustos sobre la acciones de descrédito del Gobierno hacia la prensa y lo que puede suponer

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