REPORTAJE MULTIMEDIA | Las nuevas tecnologías han catapultado la desinformación. En los ciudadanos, mientras tanto, conviven el derecho a datos veraces y la libertad de información. El control sobre las Fake news se disputa entre varios actores: gobiernos, compañías privadas, academias y los propios medios. Hay que analizar, sin embargo, cuál de ellos está más legitimado para hacerlo. Con los profesionales divididos en sus opiniones a este respecto, hay una conclusión es unánime: la alfabetización mediática es imprescindible.
La Real Academia Española tiene dos acepciones para la acción de desinformar: “Dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines” y “Dar información insuficiente u omitirla”. En ambos casos, por tanto, se incide en la idea de que hay una intención, un dolo, que hace que no toda información errónea sea desinformación. El periodista tiene, de hecho, y como explica la jurista y profesora Cristina Pauner, derecho a equivocarse.
La verificación, por tanto, es el proceso, un medio: si no hubiese verificación, no reconoceríamos la desinformación, de ahí su importancia. O sería mucho más difícil. Es a partir de la realización de un esfuerzo activo por encontrar el engaño cuando el problema ha demostrado ser grande y preocupante.
La causa de la desinformación
¿Se da la desinformación debido a las nuevas tecnologías? No: en palabras del profesor Jesús Miguel Flores, periodista e investigador en la Universidad Complutense de Madrid, “los bulos siempre han estado ahí”, y prueba de ello es el trabajo de engaño llevado a cabo en la Segunda Guerra Mundial por Joseph Goebbels, ministro de propaganda en la Alemania nazi. Las redes sociales, eso sí, la han multiplicado. El desarrollo cada vez mayor de ellas y, especialmente, la inteligencia artificial prometen hacerlo mucho más. No obstante, no hay que criminalizar lo innovador: las nuevas tecnologías también pueden suponer grandes avances en las herramientas de verificación de información.
La situación legal de la desinformación
Legalmente, que el periodista falte a su responsabilidad de contrastar la información que difunde está penado, y es el autor de la información el que primero pagará por ello, el primer responsable. De esta manera, se protege el derecho constitucional del ciudadano a recibir información veraz. A su vez, solo es delito lo que vulnera algún derecho: sea el anterior, el derecho al honor o el derecho a la intimidad, como ejemplos. También la libertad de expresión (art. 20 de la Constitución española). El marco legal en España garantiza esto; sin embargo, la ejecución es mucho más complicada, ya que resulta determinante, no solo probar que hay falsos datos, sino que hay una intención de engaño detrás.
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La cuestión que nos planteamos es en qué manos debería estar el control sobre esa desinformación: ¿es suficiente lo que hacen compañías como Newtral o Maldita.es?, ¿debe el gobierno intervenir?, ¿es necesario un colegio de profesionales que ejerza de observatorio y fiscalice el ejercicio del periodismo?
Las plataformas de verificación de información
Newtral, Efe Verifica o Maldito Bulo son algunas de las plataformas privadas españolas de verificación de información que han surgido en estos últimos años. Nacen con la vocación de advertir al ciudadano sobre qué, de todo lo que lee, escucha o ve, es un bulo y qué es verdad. Su trabajo es reconocido a nivel mundial, donde cuentan con una International Fact-Checking Network, que cuenta con un código de principios, y donde sitios como AFP Factual ya realizan esta verificación a escala global.
El método de trabajo de cada uno de estos sitios es diferente, pero, por lo general, priorizan aquellas informaciones más virales o de mayor “peligrosidad” para el consumidor (relacionadas con la salud, las catástrofes naturales o el terrorismo, por ejemplo). Detectado el posible bulo, proceden a contrastarlo y a publicar el veredicto. En ningún caso eliminan la información publicada en otros medios, puesto que no tienen capacidad para ello, pero sí que lo impulsan o, en todo caso, animan a su rectificación; si nada de esto ocurre, al menos, el ciudadano tiene una fuente en la que profesionales de verificación le aseguran que no debe confiar en ella, total o parcialmente.
No obstante, como comenta Luis García, su trabajo es limitado y no puede ser el único:
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El papel de los gobiernos en la verificación de información
Un trabajo similar al de Newtral, Efe Verifica o Maldito Bulo lo realiza Radiotelevisión Española, servicio público, desde VerificaRTVE. No obstante, no es esencialmente de esto de lo que se habla cuando se plantea la intervención de los gobiernos en los procesos de denuncia de la desinformación. Hablamos de comités o comisiones gubernamentales como la que existe en España como parte del Sistema de Seguridad Nacional, aquí denominada “Comisión permanente contra la desinformación”, de la que no abunda información de acceso público y de la que, como denota la Resolución 106/2021 del Consejo Transparencia y Buen Gobierno, Moncloa no ha desvelado la identidad de sus integrantes. Sabemos de qué organismos provienen, pero no quién concretamente la forma, puesto que, según el comunicado (apartado II.5), se ha conferido a estos organismos la competencia de designar a quien consideren oportuno.
Si bien ninguno de ellos se ha pronunciado, en las entrevistas prestadas para esta publicación, explícitamente en contra de la española, los profesionales de la comunicación comparten que uno de los requisitos para el buen funcionamiento de estas es la transparencia en cuanto a sus miembros y funcionamiento, además de la valoración constante de la perspectiva de los profesionales de la comunicación.
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El control gubernamental en otros países
Este tipo de comisiones existen y han existido en otros países democráticos, sin por ello suponer un riesgo para los índices de calidad democrático. Su labor se ha centrado y se centra en la detección de malas prácticas y desinformación. Suecia, por ejemplo, tiene un sistema estatal, pero independiente del gobierno, en el que destacan las figuras del Defensor del Pueblo (Press Ombudsman) y del Consejo de Prensa, encargados de reaccionar ante las demandas de posibles violaciones de las buenas prácticas de publicación, que incluyen la veracidad de la información, como recogen las Instrucciones para el Press Ombudsman.
Encontramos casos similares en Noruega o Alemania. En Suecia, el Consejo está compuesto por representantes de medios de comunicación, cuatro de los cuales (los de los principales medios de comunicación) constituyen la mesa directiva y escogen al resto; representantes del público seleccionados por la Sociedad Legal Sueca, y cuatro jueces del Tribunal Supremo sueco. Todos ellos, conocidos.
En España, la cultura democrática es diferente a la del contexto mediático sueco: como explica el sociólogo Luis García Tojar, el sentimiento de Estado, que no de gobierno, no está tan integrado en la ciudadanía. Impera una desconfianza en los gobiernos que genera una actitud similar a todo lo que viene del Estado. Mientras tanto, la autorregulación por parte de los medios parece difícil, puesto que sus intereses están fuertemente marcados por lo comercial. Ante esto, académicos como Luis García no consideran tan absurdo que el Estado vayan a tener que intervenir.
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Los límites del Estado
La opinión de los profesionales de la comunicación no es unánime en este sentido: como ocurría con Luis García, hay quien considera que la intervención estatal, asegurados ciertos requisitos y respetando, por ejemplo, la prohibición de la censura, no tiene por qué ser antidemocrática. Otros, como es el caso de Beatriz del Carmen Martínez, doctora en Ciencias de la Información, consideran que el rol que tiene que tomar el Gobierno no es tan activo, sino el de vigilante. Como poder ejecutivo, ha de asegurarse de que el marco legal vigente se cumple.
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De cualquiera de las maneras, los gobiernos siempre tienen, en la verificación de información, un margen menor de actuación que las plataformas o compañías privadas que, siempre que las den a conocer al usuario y dentro de los márgenes legales, pueden aplicar las restricciones que ellos convengan necesarios. Los Estados, al hacer esto, tienen que tolerar todo ejercicio de la libertad de expresión legítimo; las plataformas, sin embargo, pueden bloquear la información de determinadas fuentes o determinadas opiniones.
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En 2021, solo un 38% creía en el Gobierno, según el estudio de la OCDE “Government at a glance”. En este contexto, la sociedad española, al menos por el momento, y salvo que se responda con un sistema muy abierto y transparente, necesita gran participación de profesionales de la comunicación y un alto grado de independencia para confiar en un organismo gubernamental que ejerza de fiscalizador del periodismo. Todos los expertos consultados para este reportaje coinciden en que el paso determinante reside en la alfabetización mediática de la ciudadanía: la formación necesaria para que conozca las herramientas de las que dispone para verificar la información, los indicios que anuncian que algo puede no ser veraz y los estándares que pueden, y deben, exigir, porque les corresponde.
1 comment
Muy interesante y muy completo… Pero ojo: los testimonios deben ser mucho más breves…