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La Ley Mordaza bajo el mandato socialista

OPINIÓN | La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana -también conocida como Ley Mordaza- cumple ya siete años en vigor. La polémica ley instaurada por el PP, considerada por muchos una barrera a la libertad de expresión es, por tanto, una barrera a la libertad de prensa. En el momento de su aprobación, uno de sus principales opositores fue el PSOE. Entonces ¿por qué sigue en vigor tras más de un año de gobierno socialista?

Cuando en 2015 se dio luz verde a la ley, el PSOE fue uno de los primeros en decir ‘no’ a la Ley Mordaza. Para ello incluso presentó un recurso de inconstitucionalidad por considerarla «una vuelta al Estado policial» y por declarar que «su objetivo es sancionar al disidente, al que protesta» como dictaba en el comunicado que salió a la luz al día siguiente e su aprobación. Sin embargo, con el paso de los años y con el PP al frente del Gobierno, la ley se consolidó en el Estado español.

Siete años después, con uno de los gobiernos más progresistas de Europa, esta ley sigue vigente. Si bien es cierto que el Gobierno está comprometido con reformar esta ley, desde que está en el poder no se han dado demasiados pasos en esta dirección. Las últimas noticias al respecto llegaron a principios de mes, donde medios de comunicación como El País informaban del atasco en la reforma debido a las devoluciones en caliente de migrantes.

Amenaza a la libertad de prensa

El periodista Brais Benítez habla del impacto de la Lay Mordaza sobre la libertad de prensa en teleSUR, 2015

Tal y como se explica en el vídeo anterior, una de las sanciones más directas a la prensa surge “del uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes”. Entre las reformas de la ley, un avance en la mejora de la libertad de prensa será la de eliminar la especificación de «el uso no autorizado», el cual dificulta mucho el trabajo periodístico. Tal y como informa El País, el Tribunal Constitucional anunció que el término introducía una censura previa inconstitucional.

Sin embargo, esto no solucionaría casos como el de la periodista Mercè Alcocer, que en 2016 fue multada por «desobediencia a agentes de la autoridad» mientras ejercía su trabajo cubriendo el caso Pujol. El mismo destino sufrió la periodista Cristina Fallarás cuando bajó de la acera durante una protesta en 2017. Estos son solo dos ejemplos de entre todos los profesionales de la información afectados por la Ley Mordaza. Este mismo año se hizo entrega en Valencia del Premio Llibertat d’Expressió de 2021 a los periodistas represaliados por la ley a modo de protesta porque siga vigente.

Una reforma a medias

Los casos anteriores muestran que no basta solo con una reforma superficial de la ley. Mientras las fuerzas de seguridad del Estado se sigan protegiendo con una mala praxis de esta ley y se beneficien sobre el resto de ciudadanos, la Ley Mordaza seguirá fallando. Es responsabilidad del Gobierno asegurar que ningún ciudadano esté por encima de otro y proteger la libertad de expresión en el país. De esta manera, la reforma -cabe recordar, aún sin fecha- no puede quedarse en pequeñas pinceladas que rebajen la tensión entre partido políticos.

Tweets del actual Presidente abogando por derogar la ley con su llegada al Gobierno

Entre 2015 y 2018, Pedro Sánchez abogaba por la derogación de la ley y es ahora cuando debe demostrar que el bienestar del pueblo va por encima de sus intereses políticos. La ciudadanía española se merece un cambio: la creación de una ley que no vulnere sus derechos y que no censure al activismo social; y el PSOE, como fuerza mayoritaria de la izquierda y líder del país, debería ser inflexible ante comportamientos represivos como los que permite la ley.

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